COMUNICADO OFICIAL

El Gobierno Nacional ejecuta un proceso responsable y permanente de reestructuración y optimización del sector público para volverlo más racional y eficiente en el contexto de austeridad y control del gasto presupuestario que se lleva adelante para retomar la senda de crecimiento con el apoyo y confianza de la comunidad internacional. Anualmente, se destinan $ 9.400 millones, equivalentes a casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) o al 62% de lo previsto recaudar por impuestos en el presente ejercicio fiscal, para cubrir salarios de los casi 500 mil funcionarios públicos.

Como parte de estas acciones integrales para reordenar las cuentas públicas, que han incluido la reducción de asesores, el recorte de salarios de directivos y la supresión o fusión de instituciones creadas por la anterior administración, se ha procedido a la desvinculación de servidores que laboraban mediante contratos de servicios ocasionales; es decir, contratos que correspondían a necesidades no permanentes de cada una de las instituciones. Los titulares de cada institución pública son responsables del redimensionamiento y racionalización de su planta de funcionarios.

La política económica gubernamental busca crear un entorno económico favorable y reducir los desequilibrios fiscales, por lo que es indispensable enfrentar la reducción del sector público con total respeto a los derechos de los funcionarios. La desvinculación no menoscaba las funciones de las instituciones ni los servicios que reciben los ciudadanos. Además, se aclara que el proceso no ha afectado la prestación de servicios prioritarios en áreas como Educación, Salud y Seguridad o la aplicación de políticas a favor de las poblaciones de atención prioritaria.

El Ministerio del Trabajo, como ente rector en materia de talento humano y remuneraciones, verificará que el proceso de desvinculación se desarrolle en el marco de la ley y en respeto de los derechos laborales.